Empleadores de marinos cubanos, “una extensión de la represión del régimen cubano”
MADRID (apro).- .— Dos de las más poderosas navieras del mundo, MSC Cruceros (Malta Seafarers Company Limited) y la canadiense North South, contratan con el gobierno de Cuba –a través de una empresa estatal de la isla—a miles de marinos cubanos, a los cuales confiscan el pasaporte para evitar que deserten de la misión, y sus contratos incluyen la cláusula de que el 80% de su salario base se les retiene y es entregado al gobierno de la isla a través de la empresa intermediaria.
Así lo demuestran la documentación y los testimonios de varios marinos contenidos en la denuncia que presentaron este miércoles 26 las organizaciones Prisioners Defenders, Civil Rights Defenders de Estocolmo (Suecia) y el argentino Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), a las que tuvo acceso Apro.
El núcleo de esta tercera ampliación de la denuncia ante NU y CPI siguen siendo las violaciones a los derechos fundamentales de los médicos y personal sanitario de las Brigadas Médicas cubanas (“1,111 doctors vs. Cuban Government”) en el exterior.
En lo que tiene que ver con los marinos, en la denuncia se establece que los afectados aseguraron que “los empleados de MSC Cruceros se convertían para ellos en una extensión de la represión del régimen cubano”.
También pudieron documentar que el acuerdo con Cuba obliga a la compañía de cruceros de lujo –que surcan el Mediterráneo y el Caribe— a pagar una multa de “10 mil dólares por cada cubano que se escape”, y por ello, “nos declaran que los empleados de MSC Cruceros se convertían para ellos en una extensión de la represión del régimen cubano”, señala la denuncia.
Testimonios
En una rueda de prensa virtual, Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders explicó, a pregunta de Apro, que los marinos declarantes relataron que “en una ocasión al atracar en un puerto de México –no se especificó cual ni la fecha— el responsable de un barco de MSC, no dejó a los tripulantes cubanos bajar a tierra cuando los de otras nacionalidades pudieron visitar tierra, debido a que un grupo de 25 cubanos, clientes del barco, no regresaron al barco (en un país centroamericano en el que habían atracado antes) y se ´escaparon´”.
Explicó que, en México, Francia e Italia, las autoridades migratorias suelen subir a los barcos para comprobar los pasaportes de la tripulación, pero en el caso de los cubanos, luego del trámite y cuando pretenden bajar, “un empleado de MSC les vuelve a retener el pasaporte”, con lo cual en muchas otras ocasiones “se les permite bajar a tierra, pero sin documentación”.
Algunos testimonios de la tripulación cubana de estos cruceros de lujo, la empresa MSC les retiene los pasaportes en el “Crew Purser” –área responsable de la caja y finanzas del buque, de trámites migratorios y aduaneros— no sólo en el trayecto, sino también en los países donde tocan puerto, para evitar que “los cubanos se escapen”; retenciones que no suceden con personal de otras nacionalidades latinoamericanas, señala la denuncia.
La denuncia señala que la “venta de servicios” que el gobierno cubano hace en las denominadas “misiones internacionales de Cuba”, que incluyen servicios médicos y de salud, marinos, enseñanza, ingeniería, arte, música y arquitectura, representan la principal fuente de ingresos de ese gobierno en el extranjero.
Mientras que para la balanza de la isla el turismo supone la entrada de dios mil 900 millones de dólares, los ingresos por las misiones internacionales ascendieron a ocho mil 500 millones de dólares solo en 2018, es decir, tres veces más que el turismo.
Las misiones en todas las disciplinas antes señaladas suponen entre el 40 y 50% de la balanza exterior que recibe el gobierno de Cuba.
El caso de las brigadas de médicos es, sin duda, el que mayor atención ha atraído. Prisioners Defenders y las otras organizaciones presentaron la primera querella ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, en mayo de 2019, basado en el testimonio de 110 médicos (“110 doctors vs. Cuban Government) y en 2020 se amplió la denuncia con testimonios de 622 médicos cubanos. Hoy se presenta la tercera ampliación de la demanda denominada “1,111 doctors vs. Cuban Government” a partir de que nuevos trabajadores cubanos han decidido sumarse a la acusación.
En el marco de la segunda denuncia, el semanario Proceso publicó en septiembre de 2020, que estas misiones de médicos enviadas por el gobierno de Cuba enfrentan situaciones de “esclavitud, persecución y actos inhumanos”. Muchos de ellos cuando deciden abandonar las misiones son considerados “desertores” e “indeseables” por las leyes cubanas, lo que les impide regresar a Cuba en ocho años (la llamada Ley de los 8 años).
También se publicó información sobre las terribles circunstancias que sufrieron los médicos cubanos de la brigada enviada a México ese año para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus. Los testimonios fueron recogidos por Prisioners Defenders, pero no alcanzaron a incluirlos en la demanda en aquel momento.
Larrondo señaló en entrevista en aquel momento que esas violaciones a los derechos humanos de los médicos –retención del sueldo y tratos degradantes de los jefes de la misión— se dieron por la "negligencia" del gobierno de López Obrador.
Mares de esclavitud
Las organizaciones denunciantes investigaron, además de más casos de las brigadas médicas, el caso de los marinos a raíz que tuvieron acceso a documentos de diversos procesos judiciales en Europa, por la contratación de cubanos por la empresa MSC Cruises (MSC Cruceros) y con la naviera canadiense North South.
Los tripulantes cubanos que trabajaron en Italia, señalan que la compañía MSC Malta Seafarers Company Limited los contrató a través de “un agente cubano, la empresa Selecmar”, que es estatal.
En los documentos de un contrato al que se tuvo acceso se puede leer en un apéndice, “sólo para los marineros de Cuba y Filipinas”, y en otro recuadro anexo señala que el agente intermediario (la compañía cubana) recibirá un “máximo del 80% sólo para los marineros de Cuba y Filipinas”. El salario base oscila entre 77 y 95 dólares”.
Uno de los marinos cubanos contratado por MSC tiene un salario mensual de 408 euros, de los cuales el gobierno cubanos les retenía el 80%, es decir, 326.40 euros. En otro caso, el marino tenía un sueldo base de 328 euros, pero por la retención le quitaban 262.40 euros.
Mediante este acuerdo, señalan los denunciantes, “estos dos países estarían ejerciendo la esclavitud sobre sus propios ciudadanos, ejercicio en el que según los declarantes estaría plenamente consiente, y de ser así sería beneficiaria, MSC Cruceros”
Sin embargo, la naviera al ser consiente que esta retención causaría una deserción masiva, “les da por fuera del contrato otros 641 dólares, en conceptos fuera del control de Cuba (propinas y horas extras)”.
La denuncia señala que los marinos tiene asumido que esto se hace a espaldas de Cuba para que no pueda retener el 80% del total, y así poder tener un salario total de 727 dólares al mes de media, cifra que no obstante es muchos cientos de euros por debajo del salario mínimo en toda Europa”.
Larrondo explicó que, bajo este mecanismo, la tripulación cubana llega a trabajar casi 80 horas a la semana, muchas de ellas extras.
La denuncia señala que “además de la peligrosidad, la situación de alejamiento familiar y dedicación, como nos ha manifestado los testimonios de quienes han trabajado en los barcos de MSC Cruceros, de entre 10 y 12 horas al día, todos los días de la semana, hasta conformar las 77 horas semanales constantes, lo que supone un 192% la jornada máxima de trabajo permitida por la Organización Mundial del Trabajo”.
La denuncia ante Naciones Unidas y la CPI incluye una declaración que el director de la empresa estatal cubana Selecmar, Rafael Peraza, hizo a la Agencia de Noticias Xinhua de China, en junio pasado, donde advierte que el bloqueo de Estados Unidos contra la isla afecta la contratación de marineros por parte de compañías internacionales de cruceros y transportación de mercancías.
Señala que esas medidas impidieron en 2019 y 2020 la contratación de otros tres mil 500 marinos, apuntando que “actualmente el país cuenta con unos mil 700 oficiales de cubierta y máquinas, así como más de mil 500 subalternos en servicio. Hasta 2019, dicen los denunciantes, había aproximadamente siete mil marinos de servicio.
Según los testimonios recabados, la situación de los filipinos es peor, porque son enrolados en la parte baja del barco (lavandería y otros servicios), al grado que los tripulantes cubanos percibían “un trato explotador” hacia los filipinos, y la necesidad de éstos es tan grande “que hacían trabajos personales de limpieza, desecho de basuras y lavado de ropa para la tripulación, por el que recibían dinero extra en “negro” que completa el aparente escaso salario de MSC.
Croacia ha sido el único país europeo que les negó a que bajaran a su territorio sin pasaporte y exigía que les dejaran tener su pasaporte, no así Italia y el resto de países del mediterráneo donde los cruceros de MSC hacen parada y los tripulantes con Visa Schengen bajan del barco, tras ser revisado su pasaporte.
En la rueda de prensa, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, señaló que las brigadas internacionales de Cuba, principalmente los médicos, pero también músicos, artistas, arquitectos o marineros, son usadas “como un mecanismo de propaganda del régimen”.
Según la denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha contestado a sus anteriores denuncias que no cobra por estas misiones en aquellos países con condiciones económicas más desfavorables, sin embargo, consideran que es falso, pues, afirman la misión de Haití ha sido sufragada por Noruega. La misión de Cabo Verde ha sido sufragada por Luxemburgo, y la misión de Guinea-Bissau ha sido sufragada por Portugal con fondos europeos.
Erick Jennische de Civil Right Defenders dijo que 894 testimonios reflejan que son considerados indeseables en la isla y están impedidos de volver a la isla, por la ley de los ocho años.
Según la denuncia, entre cinco y 10 mil cubanos en el extranjero ahora mismo no pueden volver a reunirse con sus familias –a éstas les impide la salida de la isla—, y por ese mismo proceso han pasado en total unos 40 mil cubanos.
Por su parte, Juan Pappier, de Human Right Watch (HRW), señaló que el informe que elaboró su organismo revela que la legislación cubana incluye “normas abusivas” que les impiden a los cubanos en estas misiones internacionales relacionarse con personas que sean “hostiles o contrarios a la Revolución” cubana.
