El reverso oscuro de la 'generación Instagram': Crecen los 'robos' de fotos para usarlas de 'cebo' en webs porno
Ha pasado de ser una amenaza latente, que acecha a los que tienden a exponerse en las redes sociales, a convertirse en un riesgo real que afecta, principalmente, a las adolescentes, las más expuestas a este tipo de mal uso de su privacidad. La Fiscalía de Delitos Informáticos de Barcelona ha alertado que desde el año pasado, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia de covid, se han disparado las denuncias ante la policía por la captación de fotos que las adolescentes, principalmente chicas de entre 12 y 18 años, cuelgan en sus redes sociales para utilizarlas como reclamo en portales pornográficos de pago de internet.
En concreto, se reciben entre 10 y 15 denuncias mensuales por el uso de estas fotografías para convertirse en 'cebo' de estas webs de sexo. Los padres son los que acuden a la policía cuando constatan que las imágenes de sus hijas promocionan estas páginas, en algunos casos aprovechándose de la "popularidad" que esas adolescentes tienen en internet al ser consideradas 'influencers'. Y es que se benefician de que las víctimas cuelgan fotos en bikini o ligeras de ropa para sacar lucro de la cosificación del cuerpo femenino para un público que siempre demandará el acceso a esta privacidad. Es el peligro de las redes sociales.
Sin embargo, pese a que la denuncia llega a la Fiscalía no siempre se considera delito. Las páginas que utilizan las imágenes de las adolescentes, algunas de ellas menores, las descargan de las redes sociales de las perjudicadas y ellas las han colgado libremente, con lo que existe una exposición pública de su privacidad. Este situación no tiene un encaje penal claro ya que no se trataría de un delito de difusión de pornografía al estar permitidas las webs de adultos y, en la mayoría de casos. las fotos de las chicas no aparecen en ellas ya que sólo se usan como reclamo para acceder.
Fotos protegidas
Aunque la acción penal quede casi descartada, el hecho de que se 'roben' fotos para publicitar portales pornográficos de adultos abre la puerta a que los padres de las menores afectadas reclamen por la vía civil a las páginas por el beneficio que sacan del uso fraudulento de las imágenes para promoción. También se puede instar a reclamaciones administrativas por la utilización indebida de datos personales ante los organismos correspondientes que pueden acabar en sanciones económicas.
El fiscal de Delitos Informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, considera que el incremento de este tipo de denuncias se debe al mayor uso de internet durante el confinamiento, pero también por la sobreexposición de los adolescentes en las redes sociales, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. Precisamente, hace años que la organización Padres 2.0, dentro de las charlas a familias en centros educativos sobre la Seguridad en Internet de los menores, viene alertando de este tipo de riesgos relacionados con las redes sociales, como el 'robo' de fotografías ya que es una práctica muy sencilla de hacer técnicamente.
Más pornografía infantil por el confinamiento
La Fiscalía de Delitos Informáticos también indica que en los últimos meses se han triplicado los delitos relacionados con la pornografía infantil en España. El año pasado en la provincia de Barcelona se abrieron 61 procedimientos penales por este tipo de prácticas, lo que supone un incremento del 169% con respecto a 2019 cuando fueron 36, mientras que el acoso a menores a través de las telecomunicaciones casi se duplicó. También han pasado de 7 en 2018 a 55 en 2020 las investigaciones por descubrimiento y revelación de secretos al acceder a una cuenta privada de correo, aplicaciones de mensajería o de teléfono móvil.
Según la memoria de la Fiscalía "gran parte de este aumento se debe" al llevar acusaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer por "acceso no consentido a la mensajería y correos" de la víctima por parte de un acusado de maltrato. Pese a que desde julio pasado se tipificó como delito tanto la incitación a los trastornos alimentarios como la inducción a las autolesiones, con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia., el Ministerio Público no realizó ninguna investigación el año pasado a los portales de internet que hacen apología de estas prácticas que más ha afectado a adolescentes y jóvenes durante el confinamiento.
Sin embargo, con la pandemia, por el confinamiento y el teletrabajo, han crecido las estafas informáticas. Se realizaron 33.522 denuncias policiales, aunque solo el 2% llegaron al juzgado porque la falta de autor desconocido impidió que fueran judicializadas. Las estafas más habituales están relacionadas con la compraventa de artículos por internet, aunque también van en aumento los fraudes de inversiones con criptomonedas o mediante la suplantación de empresas proveedoras, en muchos casos de administraciones públicas. De hecho, la justicia investiga desde 2019 una estafa digital que ha afectado a una cincuentena de consistorios catalanes, mediante la suplantación de los números de cuenta de proveedores habituales de los municipios.
Cataluña, líder en ciberdelitos
El año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado registraron 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 31,9 por ciento con respecto al 2019. Se esclarecieron más de 38.000 y hay 11.280 investigados o detenidos relacionados con estos procedimientos. La comunidad con más ciberdelitos fue Cataluña, con casi 48.800 delitos un poco por encima con Madrid mientras que a más distancia están Andalucía y Valencia. Barcelona es la provincia catalana con más denuncias, 35.708, seguida de Girona, 5.376, Tarragona con 4.683 y Lleida con 3.027.
El Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior indica que con el crecimiento del año pasado confirma que la ciberdelincuencia aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad en España. En 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6% del total de los delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3%. Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9%.
Según Interior, el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales. El año pasado también se registraron 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, principalmente en los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).
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