La banca pide al Gobierno que solo las entidades supervisadas den crédito al consumo

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (Asnef), integrada en su mayor parte por financieras de bancos, ha decidido poner remedio a lo que considera un atropello a su actividad y un peligro para la protección del cliente más vulnerable de la población, que acude a firmas no supervisadas por el Banco de España para pedir créditos rápidos sin seguridad jurídica, y en “condiciones desproporcionadas”, explican desde la patronal.

Según explican fuentes jurídicas de Asnef a CincoDías, “defendemos que todas las entidades que ofrecen servicios de concesión de crédito tengan las mismas reglas y exigencias regulatorias, y que estén sujetas al mismo nivel de supervisión”. Aseguran que “para mantener el alto nivel de protección de los consumidores y dada la importancia que tiene nuestro sector en la economía, la actividad de financiación debe reservarse exclusivamente a aquellas entidades supervisadas por el Banco de España”.

Consideran, y así se lo han explicado a Economía y al Banco de España en varias ocasiones, y en breve lo harán de forma oficial, que hay cientos de entidades no reguladas que, “bajo la apariencia de modernas entidades tecnológicas, esconden condiciones financieras desproporcionadas y una total falta de seguridad jurídica y de transparencia”.

El objetivo es que el Gobierno incluya sus peticiones en una norma para que limite la actividad de financiación solo a las entidades reguladas. “Es lo que se denomina la reserva de actividad”, explican desde Asnef.

La patronal de las financieras afirma que España es uno de los escasos países europeos que no contempla esta figura de la reserva de actividad. Francia, Italia, Alemania, Noruega, Polonia, Portugal y Reino Unido “tienen vetado el negocio de la concesión de créditos al consumo a entidades no supervisadas. España, no”, añaden.

Esta reclamación, además, la remitirá a Europa a través de Eurofina (su federación europea) para que se incluya en la directiva que prepara en estos momentos la Comisión Europea sobre el crédito al consumo, y que está abierta en la actualidad a la presentación de observaciones. El problema es que esta directiva puede tardar dos o tres años en entrar en vigor, razón por la que se ha dirigido ya a las autoridades españolas para que recojan sus quejas ya en una normativa nacional.

La banca pide al Gobierno que solo las entidades supervisadas den crédito al consumo

“En próximas fechas vamos a trasladar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Banco de España esta petición y otros aspectos que consideramos fundamentales, además de la reserva de actividad, como son el volumen de información precontractual para el consumidor y también el plazo de antelación exigido en la entrega de esta información previo a la entrega del producto o servicio financiero”.

La asociación española mantiene que tanto el Banco de España como Economía “son sensibles a esta problemática y así se han expresado públicamente”. Por ello, “creemos que se están dando los pasos adecuados, y esperamos que en España se establezca pronto la reserva de actividad”.

Reglas iguales para todosFuentes de la directiva de Asnef recalcan que su propuesta pasa por que todas las entidades que ofrezcan servicios de concesión de créditos ”tengan las mismas reglas y exigencias regulatorias y estén sujetas al mismo nivel de supervisión. Por ello, reclamamos que la directiva europea se aplique a todas las entidades que ofrezcan servicios de financiación, incluyendo todos los créditos , sea cual sea su importe”.

Según datos que maneja la patronal recogidos del Banco de España, de las cerca de 400 fintech que operan en España, solo 49 firmas están bajo la supervisión de un organismo oficial (Banco de España, CNMV o de la Dirección General de Seguros y Fondos y Planes de Pensiones).

En cuanto a la información precontractual, esta asociación reclama una reducción. Considera que el volumen de información que habría que entregar al consumidor, según la futura directiva, “es desmesurado y poco digerible”, lo que hace “imposible” la asunción de la misma por el consumidor. “Volumen de información no quiere decir mejor información para el consumidor, al contrario, un exceso disminuye la atención del consumidor sobre la misma”, explican desde la representación de las financieras españolas.

Por ello, está trasladando su idea de simplificar la información contractual, de tal manera que el consumidor disponga de un primer vistazo de información sencilla concreta y accesible, “con datos esenciales, como la TAE, el importe de las cuotas, plazos de pago, la duración del contrato e intereses de demora”, explican desde Asnef.

A partir de estos datos, el consumidor podría ampliar la información con un clic en diferentes apartados, añaden fuentes de Asnef.

Otras peticiones

Plazos. Asnef también pide en sus observaciones que remitirá al Gobierno y a su federación europea para que se incluya en la futura directiva y, en su caso, en una norma española, que el nuevo plazo de antelación para el suministro de la información precontractual “puede ser perjudicial para unos consumidores que buscan cada vez más agilidad en los servicios de financiación. Introducir el plazo en la contratación en el punto de venta, por ejemplo, es un obstáculo en los procesos de contratación puesto que el consumidor siempre desea disponer del producto o servicio de forma inmediata”. “Debe tenerse en cuenta que dicha antelación no es razonable, ya que los consumidores disponen de un derecho de desistimiento de 14 días, que les da el margen que necesitan para analizar la información precontractual y, si así lo considera, desistir de la operación”, explican desde la patronal de las financieras.

Crecimiento. El crédito al consumo es una de las palancas de los bancos para crecer durante los próximos años. Según el presidente de Asnef, Fernando Casero, en una entrevista con CincoDías: “Creemos que volveremos a recuperar los estándares de consumo de años anteriores al Covid, con crecimiento moderado” .